Elkarrekin Podemos se suma a la moción de Stop Desahucios para la implantación de medidas a las viviendas vacías en Getxo

Foto: Getxoko Udala

Elkarrekin Podemos se ha sumado a la moción de Stop Desahucios para el impulso de medidas para incentivar el mercado de alquiler, a partir de la implantación del canon a la vivienda deshabitada en el municipio de Getxo. La moción se elevará al pleno de febrero conjuntamente con EH Bildu. A continuación se puede leer el contenido de la propuesta:

MOCIÓN DE STOP DESAHUCIOS SOBRE EL CANON A LA VIVIENDA DESHABITADA

La posibilidad de aplicar recargos en el IBI a las viviendas vacías por parte de los municipios se habilitó en el art. 10.9 de la Norma Foral 4/2016 de 18 de mayo. El que podía ser un instrumento eficaz para la movilización de la vivienda deshabitada, se ha utilizado de forma generalizada con un carácter más recaudatorio que movilizador de la misma.

La redacción de la norma sobre el recargo dejaba casi todo su contenido al arbitrio de cada Ayuntamiento y no se basaba en el concepto de vivienda deshabitada sino en el de vivienda que no constituía la residencia habitual del sujeto pasivo. De este modo se evitaba la problemática de la definición de vivienda deshabitada que ha dado lugar a tantos problemas y recursos hasta que el TC validó la definición de la misma recogida en la Ley de Vivienda Vasca. Pero, esta libertad que tenían los Ayuntamientos al aplicar la norma y establecer las exenciones, hizo que cada uno lo utilizase de forma muy diferente y algunos establecían exenciones que justificaban la deshabitabilidad y otros penalizaban incluso las segundas residencias, que difícilmente pueden considerarse como movilizables.

En el año 2015, la Ley de Vivienda Vasca definió el concepto de vivienda deshabitada y la función social de la vivienda, regulando asimismo instrumentos, esta vez sí, para la movilización de las viviendas deshabitadas y también de penalización de dichas viviendas, pero regulando todo un procedimiento, más tarde desarrollado en el Decreto149/2021, que tiene varias características importantes que permiten diferenciarlo del recargo del IBI:

En primer lugar, es mucho más garantista ya que las exenciones están basadas en causas justas para mantener la vivienda deshabitada. Solo se penaliza cuando el propietario no moviliza la vivienda porque no le da la gana, así que la aplicación final de medidas como el canon, el alquiler forzoso o la expropiación, se aplican porque el propietario acepta que se le impongan ya que, a lo largo de todo el  procedimiento, con las exenciones habilitadas que incluyen las segundas viviendas y con el trámite de audiencia al propietario para explicarle las opciones que tiene para evitar las penalizaciones, si estas se aplican finalmente, es porque el propietario las acepta.

En segundo lugar, no tiene un carácter recaudatorio indeterminado como el recargo, ya que lo recaudado por el canon, la ley indica claramente su destino en el art 57.1, diciendo que los ingresos dotarán el patrimonio municipal del suelo. El TC ha permitido que ambos instrumentos puedan utilizarse conjuntamente y en el caso del Canon, si el Ayuntamiento no lo implementa, el Gobierno Vasco puede hacerlo de forma subsidiaria.

En Etxebide existen actualmente registradas más de 57.000 unidades familiares demandantes de un alquiler social y, según un estudio recientemente publicado por el Observatorio Vasco de la Vivienda, casi 8 de cada 10 de esos inscritos residen en una vivienda libre, pero demandan una vivienda social porque sus ingresos son precarios (ingresos medios de 1332 euros) y destinan de media en Euskadi, un 40% de esos ingresos solo para pagar los alquileres sin contar los gastos fijos y suministros. También una parte importante de estas unidades residen en habitaciones de alquiler o viviendas compartidas, con unos ingresos más precarios todavía que apenas superan los 1.000 euros mensuales para pagar una media de 340 euros por habitación. También hay que destacar que dichos demandantes ocupan casi la mitad de las viviendas de alquiler libre de Euskadi.

Por lo tanto, miles de unidades demandantes de Etxebide no pueden  independizarse y el resto, vive en un alquiler libre en situación muy precaria, casi en exclusión residencial en el caso de los que residen en habitaciones o alojamientos compartidos. Recientemente en nuestra campaña llevada a cabo en las tres capitales y muchos de los grandes municipios de Euskadi para que se declarasen Zonas tensionadas, pusimos de manifiesto que la oferta de vivienda de alquiler se concentraba en las capitales, y en casi la totalidad de los grandes municipios de Euskadi, la oferta era insignificante o inexistente para dar cobertura a estas decenas de miles de familias necesitadas.

Según el Sociómetro vasco, la vivienda es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos en Euskadi y, como la promoción de viviendas de alquiler social sigue en mínimos o necesitan muchos años para terminarse, ESTA ESCASEZ DE VIVIENDAS DE ALQUILER Y PRECIOS ESPECULATIVOS NOS LLEVA A LA NECESIDAD URGENTE DE PRESENTAR ESTAS MOCIONES para que las tres
capitales y los grandes municipios vascos, pongan todos los medios a su alcance, tanto a través de incentivos (beneficios fiscales, bonificaciones en el IBI o ayudas a la rehabilitación) como impositivos, incluyendo el canon a la vivienda deshabitada, para movilizar ya las viviendas deshabitadas sin justificación. Actualmente, más de 100 municipios vascos aplican recargos del IBI y pocos aplican el máximo permitido, pero ninguno aún aplica el canon, que, tal y como está regulado, es un instrumento más movilizador y justo (aunque la experiencia podría ampliar el número de exenciones que sean justas), que el recargo del IBI.

Por lo tanto:

MOCION

El pleno del Ayuntamiento de Getxo exige al Gobierno Municipal que ponga en marcha lo antes posible, y en todo caso, en los próximos 6 meses, los trámites necesarios para la implantación del canon a la vivienda deshabitada recogida en la Ley de Vivienda Vasca y en el Decreto 149/2021 de 8 de junio y todas las medidas necesarias, tanto de incentivo como de penalización, para impulsar el mercado de alquiler libre y más aún, el alquiler social, en colaboración con el Gobierno Vasco.