Elkarrekin Podemos insta a poner desde ya medidores para analizar la calidad del aire en el entorno de las obras del subfluvial
El Ayuntamiento de Getxo no presentó ninguna alegación al proyecto para defender los intereses de sus vecinos y vecinas.
La Diputación Foral de Bizkaia ha pulsado el acelerador en un proyecto sin sentido: una inversión de más de 600 millones para ahorrar seis minutos de trayecto por carretera entre Getxo y Portugalete. Cien millones por minuto mientras otras prioridades quedan sin atender. Según se detalla en el proyecto del subfluvial, en cuanto a la disminución del tráfico por La Avanzada, se conseguirá una reducción de unos 18.000 coches al día. Impacto mínimo teniendo en cuenta que al día pasan por La Avanzada 126.000 coches.
A Elkarrekin Podemos nos preocupa la consecuencia de los impactos de una obra faraónica como esta, especialmente, en lo que respecta a la calidad del aire y el ruido durante y después de la obra en un entorno escolar como es el formado por las escuelas de Romo y el instituto, cuestión que no se ha tenido en cuenta. Por esta razón solicitamos instalar medidores de aire desde ya en la zona, para analizar el antes, durante y después de la obra. Asimismo para nuestro grupo municipal es preocupante la pérdida de un espacio verde cercano a nuestro municipio como es la parte baja del parque Artaza.
El túnel subfluvial es un proyecto el cual, además, va a mantener o incrementar el uso del vehículo privado, en la medida en que facilita su uso más conductores optarán por no usar el transporte público. La financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) no da ningún galón verde: el BEI ha llegado a financiar gasoductos que conecta a la Unión Europea con dictaduras como Azerbaiyán.
Lamentablemente, en la Comisión informativa que se celebró el pasado mes de octubre se constató que el Ayuntamiento de Getxo no ha hecho nada para defender los intereses de sus vecinos. No presentó ninguna alegación al proyecto. Las presentaron al Plan Territorial Sectorial (PTS) de carreteras, a lo que la Diputación les contestó que "no es objeto del PTS la definición de las actuaciones propuestas con el nivel de detalle necesario para determinar ese tipo de afecciones y las medidas paliativas necesarias para su adecuada resolución”. Mientras las comunidades de vecinos, colectivos o centros escolares se esforzaban por redactar alegaciones, el Ayuntamiento no lo hizo.